Respalda PT a síndico de Lerdo y llevará conflicto ante la JUCOPO: Ramón Díaz Ávila

XALAPA, Ver. — El coordinador político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, afirmó que habrá un respaldo total e institucional de su partido hacia el síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, tras formalizar una denuncia penal ante la Fiscalía por amenazas de muerte derivadas de conflictos en el ayuntamiento.Durante un encuentro con medios, el dirigente partidista detalló que el funcionario ha resistido diversas presiones y ya ratificó su denuncia aportando nombres, circunstancias, lugares y testigos, cuidando el debido proceso ante la gravedad del asunto.

El Congreso buscará nuevos acuerdos ante desacatos

Cuestionado sobre el incumplimiento de los acuerdos firmados ante el Poder Legislativo por parte de la alcaldesa, Díaz Ávila aclaró que las resoluciones del Congreso operan bajo un esquema de buena voluntad y mediación política, por lo que no existe una facultad coercitiva directa para obligar a los ediles a modificar su conducta.No obstante, ante la escalada del conflicto y la gravedad de las acusaciones, el caso será llevado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para solicitar un nuevo citatorio a los funcionarios del ayuntamiento y revisar el cumplimiento de los pactos institucionales.El coordinador reconoció que Lerdo no es un caso aislado, señalando tensiones similares en municipios como Puente Nacional, Vega de la Torre y Yecuatla, donde las diferencias entre alcaldes y síndicos han requerido la intervención del Congreso estatal.Por último, el dirigente del PT expuso el trasfondo de las pugnas municipales, señalando que mientras los alcaldes acusan a los síndicos de obstaculizar la gobernabilidad por negarse a firmar documentos, los ediles se defienden exigiendo transparencia.

Puntualizó que los representantes legales se niegan a otorgar “un cheque en blanco”, particularmente en rubros como supuestas capacitaciones —utilizadas frecuentemente como mecanismos de simulación para la dispersión de recursos no comprobables en los ayuntamientos—, lo que pone en riesgo su responsabilidad patrimonial y legal.

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