Lic. Adriana Linares Capitanachi
Diputada Local por Poza Rica y Coatzintla
La Transformación del Poder Judicial en Veracruz
Al referirnos a la transformación del Poder Judicial en Veracruz, estamos hablando del hecho de abrir las carpetas judiciales, combatir la opacidad y dar un paso firme hacia una justicia abierta en igualdad y sin discriminación.
Hace cinco años, se ponía en nuestro país por primera vez el foco en la falta de acceso a la información en el sistema de justicia, al documentar que ningún Poder Judicial en México cumplía con sus obligaciones de transparencia.
Fue en el año 2018 cuando conformaron desde la sociedad civil el colectivo #LoJustoEsQueSepas, desde donde se impulsó la publicación de todas las sentencias. Después de dos años y tras un arduo camino legislativo, se logró la aprobación de una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El pasado 13 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma dicha ley, por medio de la cual se estableció que los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las sentencias que emitan.
Esta modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sustituye la obligación que tenían los Poderes Jurisdiccionales para transparentar solo aquellas sentencias consideradas “de interés público”, y con ello reconocer a la ciudadanía el derecho progresivo para conocer, informarse y someter a escrutinio la actuación de Jueces y Magistrados, mediante la transparencia de “todas” sus sentencias.
Cabe señalar que esta reforma, fue aprobada por unanimidad de votos de todos los grupos legislativos representados tanto en la Cámara de Senadores, así como en la Cámara de Diputados.
Es muy importante señalar, que el Artículo Tercero Transitorio del Decreto señalado, establece que los Congresos de las Estados tenemos un plazo de 180 días contados a partir de su publicación, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Por ello, el pasado 25 de septiembre, propuse ante la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, una modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, para homologar su redacción, contexto y contenido a la reforma federal.
Independientemente del mandato Nacional, considero que esta modificación, es relevante para la vida pública de Veracruz, pues el espíritu progresivo que impulsa estas modificaciones en materia de transparencia, fortalecerá el derecho humano de la ciudadanía a la información de la actividad sustantiva de los entes públicos locales.
Consideró también que es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados, para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía; que la transparencia judicial es esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar tanto la función jurisdiccional, así como la carrera judicial, y con ello tener la posibilidad de que la ciudadanía pueda ofrecer también recomendaciones para mejorarlas.
Existe la necesidad de que en el Estado de Veracruz, se trasparenten estos instrumentos y se sometan al análisis, escrutinio, opinión, evaluación y mejoramiento en pro de la función judicial.
No omito señalar, que actualmente el Poder Judicial del Estado de Veracruz ya viene publicando en su portal oficial web las versiones públicas las sentencias definitivas de algunos órganos jurisdiccionales, y de una consulta a ese portal, se aprecia que esa publicación no se limita solo a las sentencias de “interés público”, sino que viene publicando todas las sentencias que han causado estado, lo que es acorde al principio de máxima publicidad.
El día de ayer 8 de Octubre, en sesión extraordinaria en el Congreso de Veracruz, y con la votación unánime de todos los grupos parlamentarios se aprobó dicha reforma en el Estado. Por todas las razones explicadas, considero que lo ocurrido ayer en la casa de todos los veracruzanos fue un muy necesario primer paso para el fortalecimiento de la independencia judicial, el acceso a la justicia, la no discriminación y el combate a la corrupción en la impartición de justicia en nuestro estado.
También contribuye a atender la crisis de desconfianza de la que actualmente adolecen las instituciones de justicia y la falta de legitimidad de las y los jueces, factores que por sí mismos debilitan su función.
Porque para la Cuarta Transformación, el respeto progresivo del derecho humano a la trasparencia y el acceso a la información pública, es una norma político fundante, jurídica y ética que rige la conducta de los servidores públicos, en favor de la ciudadanía, y que en todo momento deberá prevalecer con sujeción al principio de máxima publicidad.
