La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su administración impulsa la construcción de nuevos reclusorios estatales con el objetivo de atender la saturación en los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de seguridad y operación del sistema penitenciario en la entidad.
Durante una entrevista radiofónica, la mandataria confirmó que este año iniciará la construcción de una nueva cárcel estatal en la zona de Medellín, además de que se analizan dos proyectos adicionales en la región de Acayucan.
“Vamos a empezar la construcción de una cárcel estatal en la zona de Medellín porque la necesitamos. Los reclusorios que tenemos están saturados”, afirmó.
Nahle García explicó que estos proyectos forman parte de una planeación integral en materia de seguridad, y subrayó que las nuevas instalaciones serán financiadas completamente con recursos del estado, descartando la participación de inversión privada.
“Todo será inversión del estado. Nuestros impuestos tienen que verse reflejados cuando se administran bien y se cuida cada peso”, sostuvo.
La gobernadora señaló que el crecimiento de la población penitenciaria obliga a tomar decisiones responsables para evitar condiciones de hacinamiento y garantizar un sistema más ordenado.
“No podemos seguir pateando los problemas. Cuando se llega a un gobierno, se llega a resolver y a ordenar, y en este caso el sistema penitenciario requiere atención inmediata”, enfatizó.
Asimismo, Rocío Nahle destacó que la construcción de nuevos reclusorios se realizará sin comprometer la inversión en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura, y forma parte de una estrategia de manejo responsable de las finanzas públicas.
“No voy a gastar más de lo que tenemos. Estamos trabajando en un programa de desendeudamiento y queremos dejar finanzas sanas, pero sin descuidar la inversión que el estado necesita”, explicó.
Finalmente, la mandataria reiteró que su gobierno continuará evaluando las necesidades del sistema penitenciario para garantizar seguridad, orden y condiciones dignas, tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal que labora en los centros de reclusión.
“El Estado tiene que asumir su responsabilidad y dar soluciones de fondo”, concluyó.
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