La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que el gobierno estatal avanza en la regularización administrativa y académica de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), tras la integración de más de 5 mil expedientes de docentes que acudieron al proceso de registro y validación convocado por la administración estatal.
Durante una entrevista radiofónica, la mandataria detalló que la convocatoria se llevó a cabo del 5 al 8 de febrero en 12 sedes distribuidas en todo el estado, con el objetivo de conformar por primera vez una plantilla laboral formal, ya que no existía un padrón confiable de docentes ni registro de nómina.
“No tenemos el registro de la nómina de la UPAV ni de los maestros. Por eso lanzamos esta convocatoria, que fue muy positiva”, señaló.
Rocío Nahle explicó que más de 5 mil personas acudieron a registrarse, entregando documentación para integrar expedientes completos, los cuales permitirán identificar qué materias imparten, en qué sedes y desde cuándo.
“En esta semana vamos a revisar los más de 5 mil expedientes que se integraron. Eso nos va a dar certeza sobre quiénes están impartiendo clases y con qué preparación”, afirmó.
La gobernadora reconoció que existían quejas por falta de pago y desorden administrativo, situación heredada de la gestión anterior de la universidad.
“Había manifestaciones de maestros que decían que no se les había pagado y otros que no sabíamos ni siquiera dónde daban clase. Esto era un desorden que teníamos que corregir”, subrayó.
Nahle García informó que este lunes se instalará formalmente el Consejo Consultivo de la UPAV, el cual será presidido por ella y estará integrado por el rector de la universidad y titulares de dependencias estatales como la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Finanzas, entre otras.
“Hoy instalamos el Consejo Consultivo de la UPAV, con reglas claras, para darle certeza a los estudiantes y también a los maestros”, puntualizó.
Añadió que la mayor concentración de registros se dio en la región de Coatzacoalcos, por lo que se realizará una revisión detallada para verificar que los docentes registrados efectivamente impartan clases y cuenten con la preparación académica correspondiente.
“Este proceso nos permite ordenar, verificar y acabar con la incertidumbre. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en la educación”, concluyó la gobernadora.


