Xalapa, Ver., 23 de junio de 2026.- En el Partido del Trabajo (PT) reconocemos la decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de atender la inconformidad de productores lecheros del Estado de Veracruz y solicitar la revisión del programa Leche para el Bienestar ante las denuncias de exclusión en centros de acopio y esquemas de comercialización. Esta situación no puede desvincularse de la necesidad de garantizar justicia para el campo veracruzano y condiciones equitativas para los productores de la región, que enfrentan afectaciones directas en su economía. No puede perderse de vista que la actividad lechera en Veracruz constituye un pilar estratégico para el sustento de miles de familias; por lo tanto, corresponde al Estado asegurar que los programas federales no generen exclusiones ni distorsiones que debiliten a los pequeños productores. La transformación debe medirse en hechos con la defensa real del campo y en la dignificación del trabajo de quienes lo sostienen.Con respecto al planteamiento de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, de hacer una revisión al Instituto de Pensiones del Estado, orientado a reducir la dependencia de recursos federales y avanzar hacia su autosuficiencia operativa; en el PT consideramos que, debe asumirse dentro de una visión de responsabilidad institucional y estabilidad social. El sistema de pensiones no es un instrumento financiero, sino un derecho histórico de la clase trabajadora. Corresponde al Estado garantizar el pago oportuno de pensiones sin generar incertidumbre en los sectores en retiro. La seguridad social es un pilar del Estado de bienestar que el Partido del Trabajo defiende como conquista del pueblo trabajador.Cabe mencionar que, el Partido del Trabajo valora la asignación de recursos federales por más de 1.3 millones de pesos al Estado de Veracruz para el fortalecimiento de un refugio especializado destinado a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos. Esta acción refleja la responsabilidad del Estado mexicano de atender de manera directa las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en contextos de violencia estructural. No puede entenderse esta medida como un hecho aislado, sino como parte de una obligación permanente de las instituciones para garantizar protección efectiva y atención integral. Corresponde a las autoridades asegurar que los recursos se apliquen con eficacia, transparencia y enfoque social, sin desvíos ni limitaciones en su alcance. Para el Partido del Trabajo, la protección de las mujeres y la niñez constituye un eje central de la justicia social y una obligación indeclinable del Estado.En otro contexto, en Veracruz, sólo el 20 por ciento de los 212 municipios cuenta con un Atlas Municipal de Riesgos actualizado. Así lo reconoció la secretaria estatal de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, quien señaló que sólo algunos ayuntamientos disponen de este documento vigente. El Atlas de Riesgos permite identificar zonas vulnerables a inundaciones, deslaves, incendios, hundimientos y otros peligros que podrían afectar a la población; toda vez que, aunque existen atlas a nivel nacional y estatal, la funcionaria destacó que contar con información específica de cada municipio facilita la creación de protocolos de actuación más precisos y eficaces ante una contingencia.Asimismo, la rehabilitación de la carretera federal 127, considerada una de las más deterioradas de Veracruz, comenzará este 2026, informó la gobernadora Rocío Nahle. La obra forma parte de un compromiso realizado durante la campaña de Nahle con Claudia Sheinbaum y contempla la reparación de 100 kilómetros, beneficiando principalmente a los habitantes del norte del Estado. De acuerdo con las autoridades, ya se iniciaron trabajos preliminares en el tramo que conecta Pánuco con Tantoyuca, donde fue necesario retirar parte de la estructura dañada y rellenar con piedra sólida para fortalecer la base de la vía. La compañera gobernadora reconoció que el mal estado de esta carretera ha sido una preocupación constante, ya que, en algunos tramos, incluso parece una terracería debido al deterioro acumulado durante años.Por último, ante el daño ecológico en la cuenca del Papaloapan y la mortandad de peces, no solamente se deben clausurar a la empresa que causó el daño, sino también la reparación del daño para la recuperación del medio ambiente y pagos a los afectados que se dedican a la pesca ribereña. El PT exhorta a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que se sancionen y se obliguen a las empresas que causen desastres y afecten al medio ambiente y a la agricultura. Se deben castigar este tipo de delitos e indemnizar a los afectados y reparar los daños hasta su total satisfacción.
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