La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, volvió a dar cátedra de un manejo eficiente de las finanzas del Estado al reestructurar la deuda bancaria, ahorrando 2 mil 900 millones de pesos en intereses y liberando 4 mil 500 millones de pesos en participaciones federales que eran descontadas.
Hace cinco meses, la jefa del Ejecutivo Estatal hizo uno de los anuncios más importantes en la historia reciente de Veracruz: la reducción de la deuda de 119 mil millones a 62 mil millones de pesos, esto mediante el pago de 30 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria y de 14 mil millones de pesos al ISSSTE, por mencionar algunos pasivos.
De manera clara y contundente, el pasado lunes Nahle García desglosó la reestructura, la cual fue posible sin contratar más créditos, reduciendo los 21 que había a 17.
Sin embargo, mientras la gobernadora del Estado desendeuda a Veracruz hay otros actores políticos que se despachan con la cuchara grande.
Justo esta misma semana el alcalde de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, reconoció públicamente que su salario supera al de la ejecutiva estatal.
En conferencia de prensa, transmitida en las redes sociales del gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, el presidente municipal dijo tajante “yo gano 45 mil pesos a la quincena”. Esta cifra rebasa los 84 mil 750 pesos netos que percibe la gobernadora de Veracruz, lo cual va en contra de la Ley de Austeridad vigente en el Estado.
Otro edil emanado de las filas de MC que orgullosamente presumió un sueldo mayor al de Rocío Nahle fue el alcalde de Misantla, René Omar Jaén Domínguez. “No tengo ningún problema en decirlo: el sueldo del alcalde es de 90 mil pesos mensuales”, declaró a la prensa.
Según medios de comunicación del sur de Veracruz, el alcalde Jesús Uribe Esquivel, también abanderado de MC, gana 120 mil pesos mensuales.
Otro caso más es el de la alcaldesa de Poza Rica, Adanely Rodríguez, de Morena.
La gobernadora del Estado fue directa y pidió al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) meter orden en esa situación, que va no sólo en contra de la ley, sino que golpea las finanzas en los municipios, varios con millonarias deudas heredadas.
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