Miguel Barbosa usa la UIF para perseguir a integrantes de Antorcha

  • “El financiamiento de Antorcha es legal y sometido a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado”: Brasil Acosta Peña

Ciudad de México. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se vale de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para continuar el linchamiento mediático y la persecución política en contra de integrantes del Movimiento Antorchista, en venganza porque hemos criticado los pésimos resultados del gobernador morenista de Puebla y es inminente que Morena pierda las elecciones en esa entidad”, denunció el diputado federal antorchista Brasil Acosta Peña en videoconferencia conjunta con Juan Celis Aguirre, dirigente antorchista en esa entidad.

En Puebla, “la organización ha evidenciado la mala gestión del gobierno, que incluye el incremento de la pobreza, la violencia e inseguridad, y la fallida estrategia en la atención de la pandemia por el Covid-19 que ha colocado a Puebla dentro de los estados donde hay más víctimas de la enfermedad. Antorcha no es la única organización que exige resultados al gobernador, como lo demuestra la bajísima evaluación de Barbosa entre los poblanos, pero en vez de corregir y resolver los problemas que cada día se acumulan, el gobernador se ha enfocado a perseguir políticamente a quienes considera sus enemigos, que incluye a partidos políticos, universitarios, organizaciones y comunicadores”, denunció Juan Manuel Celis.

“Estamos ante una condenable venganza política de un gobernador emanado de Morena, una persecución absolutamente ilegal contra mexicanos de oposición, a la que no debe prestarse la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra instancia del gobierno federal”, concluyó Celis Aguirre.

Ayer, la UIF emitió dos boletines en donde hace alusión a que han sido congeladas las cuentas de “una organización” que opera en el Estado de México, así como se han congelado las cuentas de sus líderes en el Estado de México y en Puebla. En ninguno de los textos menciona por su nombre a la organización ni a persona alguna.

“Los referidos boletines son una forma de eludir la violación al debido proceso en que incurriría Santiago Nieto y la UIF, de ventilar oficialmente los datos personales en los medios de comunicación”, sostuvo el diputado Brasil Acosta Peña, quien advirtió que esa violación a las leyes entraña un grave peligro para las libertades de todos los mexicanos.

Sin embargo, es “evidente la maniobra para filtrar posteriormente esos datos a la prensa y que los medios escriban el nombre del Movimiento Antorchista y los nombres propios de algunos integrantes de la organización que no son mencionados en los boletines de la UIF, lo cual evidentemente representa un linchamiento público y una violación a nuestros derechos constitucionales, pues no hay de por medio ninguna prueba de las acusaciones, ni hay un procedimiento legal que nos involucre. Son acusaciones lanzadas para causarnos el mayor daño moral posible y desacreditarnos políticamente”, sostuvo.

Dejó en claro que la actividad financiera del Movimiento Antorchista es legal, pública y siempre ha estado fiscalizada por las autoridades. “Nuestra independencia económica no es una vergüenza sino un modelo para hacer política a favor de los mexicanos más pobres, sin depender del erario”, agregó.

“La UIF y Barbosa Huerta buscan paralizar la actividad financiera que sostiene las actividades políticas del Movimiento Antorchista, como es el transporte, alimentación, vestido y vivienda de sus miles de activistas; se busca acallar y frenar así a un competidor electoral que es muy crítico de los numerosos errores de la actual administración y tiene un peso social que es definitivo en las elecciones en varias entidades del país”, concluyó Juan Celis.

Por su parte, Brasil Acosta, concluyó que “el objetivo de esta campaña de linchamiento y represión es confundir a los mexicanos sobre el origen del financiamiento de nuestra organización para eliminar a un competidor electoral con mucha presencia entre el pueblo. Nuestra actividad financiera es pública, legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado. No hay nada qué ocultar ni perseguir, somos un grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y política; no hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este país. Llamamos a todos los mexicanos a oponerse a la persecución política que hoy nos hace víctimas a nosotros, pero mañana puede dirigirse contra cualquier mexicano, lo que abriría el paso a una dictadura”.

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