Evalúa OPLE Veracruz cumplimiento y efectos del “Plan B”

Cinthya Trinidad

Las autoridades electorales en el estado de Veracruz confirmaron el inicio de un estudio administrativo integral para verificar el cumplimiento estricto de la nueva reforma constitucional conocida como “Plan B”, que incluye revisión a las percepciones de Consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) así como de los titulares de áreas ejecutivas, para que se alinien al tope establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal, además de prohibir el uso de presupuesto público para seguros de vida privados gastos médicos mayores cajas de ahorro especiales entre otros conceptos.

Al respecto, la presidencia del Consejo General del OPLE, cuya títular es Marisol Delgadillo Morales enfatizó que, al tratarse de un mandato constitucional, todas las autoridades competentes se encuentran obligadas a su acatamiento. De acuerdo con las revisiones preliminares en el estado, ninguno de los salarios vigentes de los integrantes del Consejo General, incluido el de la propia presidenta, sobrepasa los topes fijados por la Constitución.
A pesar de encontrarse dentro de los márgenes legales, la dirección general ordenó al personal administrativo realizar un diagnóstico exhaustivo en todas las áreas de la institución.
Este informe técnico determinará si existe la necesidad de implementar modificaciones de carácter normativo o procedimental de cara al nuevo marco constitucional.
Al ser cuestionada sobre el impacto general de la propuesta regulatoria para magistrados y consejeros electorales, la funcionaria manifestó su inquietud respecto a la eliminación del seguro de separación laboral.
Señaló que esta medida impactará de forma directa las condiciones de los integrantes del Consejo al término de sus funciones.
De acuerdo con la legislación vigente, quienes organizan y califican las elecciones locales tienen prohibido por ley incorporarse al campo laboral dentrode cualquiera de los tres niveles de gobierno —Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial— durante un periodo de dos años posteriores a la conclusión de su encargo, restricción impuesta para garantizar la imparcialidad del ejercicio democrático