Cinthya Trinidad
Ante la recurrencia de actos de rapiña en las carreteras del estado, especialmente en la zona de Perote, el diputado local Paul Martínez Marie hizo un llamado urgente a legislar para endurecer las sanciones contra quienes aprovechan accidentes viales para saquear mercancía.
En entrevista, el legislador calificó este fenómeno como un delito grave que ha escalado en su modalidad. Señaló que ya no se trata únicamente de recolectar productos dispersos tras un percance, sino de una actividad premeditada donde los perpetradores llegan a destruir contenedores y cajas de tráileres para sustraer la carga, incluso antes de que los cuerpos de emergencia arriben al lugar.
Martínez Marie alertó sobre la preocupación de que estos actos hayan dejado de ser fortuitos para convertirse en acciones coordinadas. Según lo informado por el legislador existen grupos organizados, incluso mediante mensajería instantánea como WhatsApp, que notifican de manera inmediata la ocurrencia de un siniestro para facilitar la llegada masiva de personas a los puntos donde ocurren los accidentes.
“Lo más grave es la omisión ante la vida humana; hemos visto videos donde, mientras la gente se preocupa por saquear, ignoran que hay personas heridas o incluso falleciendo en el lugar del accidente”, enfatizó el diputado.
Al ser cuestionado sobre si estas acciones responden a una necesidad económica de las comunidades aledañas a las vías de comunicación, el legislador reconoció que es un factor que no puede ignorarse. Sin embargo, fue enfático al deslindar la carencia económica de la actividad delictiva.
“Hay que atender las causas, es verdad que son comunidades de escasos recursos, pero la necesidad no justifica de ninguna manera la rapiña”, aseveró.
El diputado subrayó que, aunque el gobierno federal ha logrado beneficiar a más de 43 millones de personas a través de programas sociales, estos deben ser un complemento y no la única fuente de ingreso para las familias. Martínez Marie concluyó que la solución debe ser integral: una combinación entre el fortalecimiento de las oportunidades laborales, el apoyo social y la aplicación estricta de la ley para erradicar una práctica que pone en riesgo la seguridad pública y el respeto a la dignidad humana.


