Congreso de Veracruz aclara detalles sobre contratos de limpieza y mantenimiento del Palacio Legislativo

XALAPA, Ver. — Ante los cuestionamientos emitidos por legisladoras de oposición respecto al presupuesto asignado para el mantenimiento y los servicios de limpieza del Palacio Legislativo, el diputado Esteban Bautista Hernández detalló el destino de los recursos y desmintió versiones sobre supuestas irregularidades.

Durante entrevista, el legislador explicó que las instalaciones del Congreso estatal abarcan una superficie considerable de dos edificios principales, con más de 120 oficinas y albergan de manera constante eventos institucionales y académicos.

Respecto al contrato de limpieza, Bautista Hernández aclaró que la empresa proveedora no solo cubre la mano de obra, sino que absorbe de manera integral los insumos, materiales, reparaciones y el mantenimiento especializado de las áreas comunes. Da una atención diaria a más de 120 oficinas y limpieza especializada posterior a eventos masivos.

Dentro de las actividades que efectúa precisó el pulido de pisos, aspirado y cambio de alfombras, así como la sustitución de mobiliario sanitario dañado en los sanitarios.

Señaló que los montos señalados en otros congresos estatales corresponden exclusivamente a sueldos y no incluyen insumos ni cobertura de grandes superficies.

Asimismo, en relación con las menciones sobre instalaciones, indicó que las tres regaderas existentes datan de la construcción del inmueble hace 32 años y se encuentran inoperantes debido al desuso prolongado.

El diputado informó que se han emprendido acciones prioritarias de mantenimiento preventivo y correctivo, entre las que destaca la impermeabilización y sellado del domo principal del recinto, con una inversión asignada de 2 millones de pesos que se concursó y ejecutó de manera transparente para corregir filtraciones pluviales.

Finalmente, el representante popular indicó que se emprendió un diálogo con la instancia estatal Limpia Ver con el objetivo de evaluar cotizaciones que permitan optimizar el gasto público del Congreso local, condicionado a que la propuesta cumpla con los estándares operativos que requiere la institución.

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