Cafetaleros se manifiestan en Plaza Lerdo y denuncian importaciones masivas que desplazan al café mexicano

Cinthya Trinidad

Con bocinas, cartulinas y un llamado urgente a las autoridades federales y estatales, productores de café de la región de Coatepec denunciaron de manera pública lo que calificaron como un proceso de exterminio de la cafeticultura nacional, derivado de la política de importaciones de café barato y de la falta de apoyo real al sector productor.

La movilización fue encabezada por José González, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec; el cafeticultor Cirilo Elotlán Díaz; y Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

El pronunciamiento público que realizaron se sustenta en el desinterés institucional y división entre productores.

“A pesar de que hay buenos precios, no hay interés por parte de los productores en impulsar más el cultivo, y eso nos preocupa a todos”, señaló.

Detalló que el escaso presupuesto público destinado al café se encuentra condicionado a la participación en las llamadas “escuelitas de campo”, lo que provoca exclusión de miles de productores.

Los productores que no se integran quedan totalmente excluidos de incentivos económicos, lo que genera desánimo, división y confrontación entre cafeticultores.

“En lugar de unificar y organizar al sector, se está imponiendo una política que divide a las comunidades cafetaleras”, denunció.

El segundo punto —calificado como grave e indignante— es el aumento desmedido de importaciones de café, particularmente de café robusta de baja calidad, procedente de países como Brasil, Vietnam y Colombia.

Los cafetaleros señalaron que el Tratado de Libre Comercio establece que el 80% del café exportado como mexicano debe ser de origen nacional, lo cual no se cumple en el caso del café soluble.

“Si se exportan dos millones de sacos de café soluble, al menos 1.6 millones tendrían que ser mexicanos. ¿De dónde los sacan?”, cuestionaron.

Denunciaron que existe un programa especial de “transición” que permite estas prácticas mediante el pago de pequeños impuestos, lo que calificaron como un fraude comercial avalado por el Estado.

Para finalizar advirtieron que el sector continuará movilizándose y visibilizando la problemática hasta que existan respuestas concretas de las autoridades.